¿España el Último de la Fila?
Antes del verano publiqué mi opinión sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se resumía en “pronóstico reservado”. Tras el parón veraniego leo en prensa que el Tribunal de Cuentas Europeo avisa del peligro de fracaso de España por ser el peor ejecutor de los 27 Estados. (entre otros, https://www.elmundo.es/economia/2022/09/08/631a2ae1e4d4d80a4b8b45cf.html).
Este empeño en afianzar la excepcionalidad ibérica en hacer mal las cosas no conducen a nada. Leyendo este sentenciador titular se podría pensar que el Tribunal ya está fiscalizando a los Estados miembro, pero, los datos que figuran en el artículo son extraídos del Informe Especial 21/2022, que tiene por objeto auditar a la Comisión, en concreto fiscalizar la evaluación efectuada por la Comisión de los planes nacionales de recuperación y resiliencia presentados por los Estados. Se trata del primer informe de los programados por el Tribunal y se basa en una muestra de seis Estados miembros: los cuatro con la mayor asignación de subvenciones en términos absolutos (Alemania, España, Francia e Italia) y los dos con la mayor asignación de subvenciones respecto a su producto interior bruto de 2020 (Grecia y Croacia).
La auditoría se centra fundamentalmente en el trabajo de evaluación de la Comisión (en general adecuada pero mejorable), pero, también destaca algunos riesgos y desafíos que podrían afectar a la ejecución de los planes, como la falta de claridad de algunos hitos y objetivos, la evaluación que hizo la Comisión sobre las disposiciones de seguimiento y ejecución de los Estados miembro fue exhaustiva pero se basó en parte en sistemas aún no implantados y, por último, el riesgo que supone el nivel histórico de absorción de los fondos por parte Estados. En suma, que si nos puso buena nota tal vez no nos la merecíamos tanto.
En el Informe se recuerda que los Estados miembros deben disponer del tiempo suficiente y de la capacidad administrativa adecuada para absorber los fondos de la UE, en particular Estados como España en los que una elevada proporción de las inversiones públicas ya están financiadas por la UE. Esta circunstancia puede aumentar el riesgo de que no puedan gastar los fondos de que disponen y obtener la rentabilidad prevista. El Anexo IX del Informe (del que hace calco el artículo del periódico) apunta a España en primer lugar, con una tasa de absorción del 53% y en el extremo a Irlanda con un 82%. Es importante señalar que la Tasa de absorción es el porcentaje del importe total asignado a un Estado miembro que se ha pagado de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020. Lo que hace el Anexo IX es comparar la contribución financiera máxima del MRR con la tasa de absorción, en el caso de España baja, pero, la contribución financiera del MRR en España multiplica por veinte la de Irlanda. Además, la asignación, libración de fondos y los parámetros de control de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 y del MRR son distintos. Datos a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones, informar y redactar el titular de prensa.
Según el calendario de desembolso previsto por la Comisión, España ya ha recibido tres pagos por valor de 31.039M€ (9.039 M€ de anticipo; 10.000M€ y 12.000M€ hitos y objetivos cumplidos de 2021) y sobre el total de 69.500M€ (ahora aumentado a 77.430M€), los siguientes pagos serán en el segundo semestre de 2022 (de 6.000M€), 2023 dos pagos (10.000M€ y 7.000M€), 2024 un pago de .8.000M€, 2025 un pago de 3.500M€ y 2026, un pago de 4.000 M€.
Largo recorrido en el que, sin duda, habrá que realizar un importante esfuerzo en la gestión para justificar antes de diciembre de 2026 el cumplimiento de todos los hitos y objetivos del PRTR.
Descalificar siempre es más fácil que analizar con rigor la realidad. El resultado es un mensaje incompleto y superficial que niega a los lectores un conocimiento pleno de la situación, en este caso, la gestión de los fondos Next Generation EU. De la lectura del informe de auditoría a la Comisión se extrae que la Comisión tuvo algunas lagunas en la evaluación de los Planes, que pueden poner en peligro la correcta ejecución y que por tanto España debe tener muy en cuenta. Destacaría las siguientes:
- CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ADECUADA PARA ABSORBER LOS FONDOS: Es necesario considerar la mejora de los sistemas de seguimiento y ejecución de los hitos y objetivos (gobernanza, CoFFEE-MRR, funcionamiento de conferencias sectoriales, …). Hay que asegurar la continuidad de la ejecución del gasto durante los dos procesos electorales futuros a los que se enfrenta España. Formación para las entidades ejecutoras.
- FALTA DE CLARIDAD DE ALGUNOS HITOS Y OBJETIVOS: El Informe pone como ejemplo España: Inversión 2 (C24.I2) – Dinamización de la cultura a lo largo del territorio. El artículo 2, apartado 4, del Reglamento del MRR define los hitos como logros cualitativos y los objetivos como logros cuantitativos. Apartarse de esta distinción entraña riesgos.
- EL DESEMBOLSO NO ASEGURA LOGRO: Según el Informe, el perfil de desembolso fue el resultado de negociaciones, más que un reflejo de los costes de los hitos y objetivos subyacentes. El importe abonado en un tramo específico no se basa necesariamente en los costes estimados para alcanzar los hitos y objetivos incluidos en la solicitud de pago, sino más bien en el resultado de las negociaciones con el Estado miembro en cuestión. Esto dificultará la tarea de determinar qué reducción resultaría apropiada. En la fecha de la auditoría, la Comisión no había definido aún una metodología de cálculo de la reducción parcial de los pagos.
- ETAPAS EN LA EJECUCIÓN: Cubrir las etapas clave de ejecución es especialmente relevante en el caso de las inversiones, que a menudo son complejas y se ejecutan durante un período más largo y, por tanto, requieren hitos y objetivos secuenciales para supervisar su progreso. Algunas de las medidas en los planes de recuperación y resiliencia de la muestra incluyen un hito o un objetivo inicial o intermedio en los últimos meses previos al final del período de ejecución del MRR. Esto puede dar lugar a que la inversión no se haya completado el 31 de agosto de 2026 (véase el cuadro 7 del Informe en el que no figura España), lo que incumple el Reglamento del MRR.