Polémica en Mallorca por el uso del dinero público

Desde mi descanso estival veo algarabía y conmoción en el panorama político mallorquín. La polémica surge por un acuerdo publicitario que ha firmado el Consell de Mallorca con el Real Mallorca, por 1.8M€, sin la aquiescencia de dos partidos políticos que forman parte del pacto de gobierno. La noticia llena las páginas de la prensa mallorquina. Se cuestiona la oportunidad del negocio y, sobre todo, la falta de lealtad institucional hacia los partidos minoritarios que podría desencadenar una crisis de gobierno. https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/10/catalina-cladera-otorga-1-8-73260899.html  

Confieso que me siento identificada con las declaraciones en prensa del secretario general de MES per Mallorca, partido ecosoberanista que da respaldo al gobierno insular, cuando manifiesta: “Batiendo año tras año el récord de turistas, no es necesario aumentar la promoción, es necesario repensar cómo hacer más sostenible el modelo. Éste no es el camino”. El camino que ha elegido el Consell, el contrato de patrocinio, es una senda resbaladiza de la que se debería huir porque, ni siquiera una buena gestión asegura una fiscalización posterior favorable. A menudo se utiliza la figura del patrocinio cuando en realidad existen indicios de que se está concediendo una subvención, porque la causa, lo que se pretende con el negocio, es proteger o estimular actividades privadas que se consideran de interés público. Habida cuenta de las esenciales diferencias que existen entre un contrato y una subvención (subrayar el recurso especial contra la adjudicación), resulta de vital importancia analizar cada uno de los elementos del negocio jurídico que se proyecta para calificarlo debidamente y aplicar el régimen jurídico que proceda en cada caso, evitando en lo posible una solución pragmática que permita tomar los elementos que convengan de una y otra figura y que prospere la idea de que un patrocinio es un ornitorrinco jurídico. 

Admito que soy presa de mis fobias y mis filias y que mi deformación profesional me hace desconfiar del rigor científico de las noticias de prensa y de los comentarios que suscitan. Todo ello, unido a la variedad de términos con que se nombra el negocio en cuestión (subvención, convenio. contrato, tratado, acuerdo…..), me aboca a investigar y acudo al Portal de Transparencia y a la la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde debería estar publicado tal contrato, sin obtener ningún resultado de momento. Sin acceso al expediente hace que lo que aquí manifieste no sea más que meras opiniones o conjeturas. El contrato se ha firmado entre la Fundació Mallorca Turisme y el Real Mallorca. Esta fundación tiene publicadas las condiciones para suscribir contratos de patrocinio (BOIB Núm. 76 11 de junio de 2022), donde se determina que la adjudicación de estos contratos será mediante el negociado sin publicidad establecido en el artículo 168 de la LCSP y que el valor máximo que puede recibir el patrocinado es de 300.000€, importe muy inferior al acordado para el Real Mallorca.

En mi modesta opinión —que nada empaña el valor que otorgo al buen oficio de los servidores públicos y de quien tiene facultades para transferir fondos públicos—, es posible que deban darse demasiadas explicaciones, además de las puntualmente políticas por ocultación a sus socios. Demasiados lugares comunes con otros patrocinios que hacen recordar tiempos pasados de los que nos queremos olvidar. Un megaproyecto, un ente instrumental de titularidad pública, un acuerdo con una entidad privada y un presupuesto estimativo en cifras redondas. Sería enormemente útil recordar que hemos hecho mal en el pasado y evitarlo.